Por
David Carrasco
Periodista
Miembro de la VT
Pese al derecho a tener acceso
rápido y permanente a medicamentos de calidad para el combate de enfermedades o
la aplicación de terapias en pacientes afectados por diversos trastornos, la
población panameña es frecuentemente vulnerada por la falta de productos e
insumos en las farmacias locales.
El modelo de negocios de
medicamentos en manos de grandes casas o laboratorios, ha condicionado durante
décadas la gestión pública para garantizar las compras, el almacenamiento y la
distribución eficiente de medicinas para garantizar la Salud. De hecho, la
ausencia de medicinas impulsa a los enfermos asegurados y no asegurados a
adquirir medicamentos caros en droguerías privadas.
La directora nacional de
Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, Jenny Vergara Sibauste, reconoció
que esa dependencia ha concentrado todos los esfuerzos en procura de inventarios
serios y ordenados, Sin embargo, advirtió que esa dependencia únicamente
dispone de 59 profesionales farmacéuticos, cinco asistentes de farmacia y 24
empleados administrativos, sobre quienes recae la tarea de coordinar esa
titánica proyección.
Además, el Instituto
Especializado de Análisis (IEA), de la Universidad de Panamá, es el único
laboratorio de referencia para un país cuya población está en aumento y que
enfrenta la presión para que reciba lotes de medicinas cuyas patentes de
registro están en trámite y no han sido oficialmente aprobadas.
Hace exactamente un año, Vergara
Sibauste anunció una iniciativa dirigida a la modificación a la reglamentación
de la Ley 1 de 10 enero de 2001, sobre medicamentos, con el objetivo de reglamentar
la expedición de permisos especiales de importación de medicinas que no poseen
un registro sanitario.
La directora indicó que Panamá no
debe ceder, ni puede flexibilizar la ley de medicamentos para satisfacer
intereses económicos en perjuicio de la Salud de la población. En cambio,
recomendó la realización de estudios sobre las enfermedades predominantes, para
que ello ayude a definir los criterios científicos en la compra anticipada de
fármacos y evitar con ello el desabastecimiento.
Algunos pacientes han enfrentado
el riesgo de muerte, a causa de la escasez o el desabastecimiento de
medicamentos de uso restringido, que son emitidos con prescripción médica. Esa
realidad no debe ser pasada por alto en un país donde son privilegiadas otras
áreas de inversión pública y cuyo presupuesto general del Estado para el 2016
alcanza los 20.104 millones de dólares.
En 2013, Vilma Turner, del
Colegio Nacional de Farmacéuticos, rechazó una resolución del Ministerio de
Salud, del 11 de marzo, que suspendía hasta el 15 de septiembre el
requerimiento de certificado de intercambiabilidad en 32 medicamentos, y exigió
el cumplimiento de la ley 1. Un certificado de intercambiabilidad asegura la
calidad y las sustancias terapéuticas activas en medicamento de marca o los
denominados genéricos.
No obstante, hay un negocio de multimillonario
de medicamentos, en el que también figuran los fármacos falsos o sin registro
sanitario, al que suma la aparición de grupos que venden remedios mágicos y
pócimas con propiedades presuntamente maravillosas que conspiran contra los
esfuerzos de ordenar la industria, convertida en un escenario de abusos de
mercaderes de la Salud pública. Esta realidad debería concitar la reacción
enérgica de los consumidores y las asociaciones de pacientes.
El investigador panameño Ibis
Sánchez-Serrano, experto en cuidados de la salud y el desarrollo de fármacos y
autor del libro La Crisis mundial de los sistemas de salud: desde el
laboratorio de investigaciones hasta la cama del paciente (Elsevier 2011),
reconoció que los progresos de la salud mundial están trancados en el tema de
los medicamentos, y Panamá no es la excepción.
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